El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha suspendido de manera provisional la adjudicación de la gestión a los hospitales universitarios Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Del Henares, Del Sureste y Del Tajo, que la Comunidad de Madrid aprobó el pasado día 30 de abril, según un auto emitido hoy. La causa principal de esta decisión es la fianza de las empresas licitadoras que equivale a un 5 por ciento del importe anual del contrato, frente a lo dispuesto en la normativa nacional, que establece el 5% del total.
El órgano judicial ha considerado esta medida «urgente» para «evitar situaciones jurídicas irreversibles». Con esta resolución admite así varios recursos contencioso-administrativos interpuestos por varios particulares contra los pliegos de condiciones de la convocatoria, entre ellos el Partido Socialista de Madrid (PSM).
El auto recoge que «cuanto menos indiciariamente podría haberse modificado el importe de la fianza definitiva a prestar por la adjudicataria del concurso según lo previsto en el pliego de cláusulas». De esta manera se suspende el proceso de manera cautelar, una resolución para la que no cabe recurso. La Comunidad de Madrid dispone de un plazo de tres días para presentar alegaciones y una vez recibidas, el TSJM determinará si se mantiene la suspensión cautelar o la levanta, a la espera de sentencia definitiva.
En este sentido el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, comunicó en rueda de prensa que el Gobierno regional presentará alegaciones «de inmediato», porque está seguro que el tribunal «será favorable a los argumentos que defiende la Comunidad de Madrid». Además, cree que esta situación es consecuencia de una «jugada» del secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, en su intento de «prolongar el conflicto sanitario».
Por su parte, Tomás Gómez, ha mostrado su «satisfacción» por la decisión, para la que «ha trabajado mucha gente del partido y muchos ciudadanos». Además, cree que «es un paso importante para la paralización del proceso de privatización y desmantelamiento de la sanidad madrileña».
Oposición
Izquierda Unida y UPyD se han mostrado satisfechos con esta decisión. Los primeros han pedido un gran pacto sanitario entre todas las partes implicadas en materia de sanidad para «garantizar la sostenibilidad de la asistencia sanitaria pública en la Comunidad». Mientras, el grupo magenta la considera «oportuna» para aclarar los aspectos turbios del proceso, ha afirmado su portavoz en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco.
Desde los sindicatos y asociaciones del sector creen que esta resolución puede revertir el proceso, por lo que se han mostrado esperanzados.
Finalmente, desde el Partido Popular están tranquilos porque están «convenidos de la transparencia del proceso» y ven algo normal el hecho de que el tribunal pida más documentación sobre esta externalización.
