Según el TSJM las medidas del Consistorio de la capital no entorpecen la libre circulación constitucional sino que limita el uso de vehículos a motor con la finalidad de preservar el medio ambiente y la salud de las personas.
Con esta resolución creen que las medias del protocolo aprobado en la Junta de Gobierno del 21 de enero de 2016, son válidas para luchar en casos de episiodios de alta contaminación pese a que el Ayuntamiento de Alcorcón recurrió alegando que vulneraba el derecho fundamental a la libre circulación de sus vecinos. Además, el TSJM ha indicado que los consistorio tienen competencias reconocidas por el ordenamiento jurídico para poner en marcha actuaciones de regulación del tráfico.
Otra de las apreciaciones del tribunal es que el protocolo puede ser aplicado en todas las calles de titularidad del Ayuntamiento de Madrid independientemente de que estén conectadas con vías interurbanas y de la relevancia que tengan.
La resolución, que es recurrible ante el Tribunal Supremo, ha impuesto el pago de costas del juicio al Consistorio de Alcorcón.
