El sector educativo privado podrían pagar cerca de 300 millones de euros por la subida de las cotizaciones sociales

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-boy-in-schoolRepresentantes de la educación privada y concertada se muestran “preocupados y cautelosos” ante el Decreto Ley aprobado por el Gobierno, que supondrá un incremento en los pagos a la Seguridad Social del 31 por ciento, lo que representa unos gastos de más más de 300 millones de euros.

Reclaman que el  Gobierno escuche las reivindicaciones del sector y recomiendan a los centros educativos “esperar y calcular minuciosamente el nuevo escenario de cotizaciones mientras se clarifica la nueva situación”.

Consultores Argo celebraron en su sede madrileña una mesa redonda cuyo tema central ha sido las consecuencias de la aplicación al ámbito de la enseñanza del Real Decreto 16/2013 de 20 de diciembre sobre cotizaciones a la Seguridad Social. Los ponentes abordaron, entre otros asuntos, el impacto de la nueva normativa en la gestión de los colegios concertados, privados, a quién corresponde asumir el aumento de la nueva cotización a la Seguridad Social en el caso de los colegios concertados o cómo cuantificar beneficios sociales del comedor escolar, o material escolar para los hijos de los miembros o profesores del centro.

Según un comunicado de la consultora, la medida del Gobierno es «formalmente correcta aunque se ha realizado sin diálogo social y está concebida para suplir un déficit presupuestario». También consideran que el Gobierno no ha tenido en cuenta «las especificidades del sector educativo ni ha calculado el impacto que la medida supondrá para los centros  privados y concertados». El propio Ministerio de Educación se ha visto “descolocado” por las consecuencias de la normativa, señalan.

Argumentan que en el sector educativo los beneficios sociales están recogidos por el propio convenio, «puede suponer unos costes no previstos  para el sector de 300 millones euros. Asimismo, creen que la valoración de aspectos considerados como retribución en especie, como los gastos de escolarización de los hijos de profesores y trabajadores de centros educativos, el comedor escolar o las actividades extraescolares «viene a ser uno de los puntos de mayor dificultad en la aplicación del Real Decreto  al ámbito de la enseñanza».

Castigo a las familias numerosas

La nueva normativa «abre la puerta a que trabajadores de un mismo centro educativo de la misma categoría y antigüedad tengan bases de cotización distintas y gastos salariales absolutamente dispares en función de su situación familiar», lo que puede suponer «un incremento de la conflictividad entre trabajadores».

La nueva legislación “castiga” a las familias numerosas y puede condicionar las contrataciones de profesores y personal en los colegios, ya que los trabajadores sin hijos tendrán un menor coste laboral asociado, indican.

El sector, que espera que el Gobierno «recapacite», cree que han creado una situación de «incertidumbre acerca de quién debe asumir ese 31% extra en las cotizaciones sociales». En el caso de los colegios concertados, el sector entiende que el coste adicional debería ser soportado por las Consejerías de Educación, una partida que no figura en sus presupuestos y que afectará negativamente a su situación presupuestaria.

La mesa redonda fue presidida por  Juan Carlos Vilar Manzanero, consejero delegado de consultores Argos, Mariano Torija, miembro del departamento jurídico  de CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza); Domingo Carbajo Vasco, inspector de Hacienda de la Agencia Tributaria; y la abogada especialista en Derecho Laboral Isabel Muñoz Vega, además de diversos titulares de centros concertados y privados.

 

Redacción 

 

 

 

 

 

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