Después de conocerse hace unas semanas que los tribunales anularon mediante sentencias firmes las relaciones de puestos de trabajo (RPT) de 2011 y 2012, aprobadas por el equipo de Gobierno Municipal (PP-PPVO), los socialistas solicitan que se ejecute la sentencia, se recoja en el Presupuesto de 2015, y se inicie un proceso de negociación colectiva.
Asimismo, creen que «el PP-PPVO en este Ayuntamiento está inmerso en un grave problema debido a su ineptitud en la gestión pública, en este caso en la gestión de Recursos Humanos».
El equipo de Gobierno aprobó en 2011 y 2012 la creación de puestos de trabajo, la modificación de otros, así como cambios retributivos y la amortización de algunas plazas. Esto ha sido declarado nulo en una resolución firme, principalmente por vulnerar el derecho a la negociación colectiva (artículo 37.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril).
El PSOE señala que se trata de puestos de trabajo «en su mayoría son de alto nivel», como director, jefes de servicio, coordinadores etc, «con altos incrementos retributivos y que ya en las alegaciones presentadas se denunció la falta de negociación colectiva, la falta informes de necesidad, la falta de promoción interna y concursos de traslado».
Según este grupo político, todas las alegaciones del PSOE, así como las de todos los grupos políticos y centrales sindicales, hacían referencia a la irregularidad en la aprobación de la RPT.
El portavoz socialista Juan Carlos Bartolomé exigirá que se acate esta sentencia, ya que afecta al presupuesto de 2015, y exigirá responsabilidades de estas actuaciones. «La gestión municipal no es sólo ir a sentarse en el sillón» y exige a la responsable de personal y al Gobierno del PP-PPVO «que hagan efectiva esta sentencia en el presupuesto de 2015», algo que han hecho a través de un escrito con fecha de registro 04-12-2014 y nº 16479.
Por último, desde el PSOE piden que se inicie un proceso de negociación colectiva según ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, el convenio colectivo vigente y la normativa laboral que se pueda aplicar a este proceso «con el fin de valorar, dotar, modificar y creación de plazas atendiendo a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad de la negociación, buena fe, publicidad y transparencia que han de presidir la negociación».
Redacción
