Villaviciosa de Odón, Galapagar, Colmenarejo, Villanueva de la Cañada, Valdemorillo, Brunete, Quijorna, Móstoles, Arroyomolinos y Moraleja de Enmedio son los municipios por los que transcurrirá una nueva línea de alta tensión. Antes de su definitiva implantación, los socialistas madrileños han pedido al Gobierno regional la ampliación del plazo de alegaciones.
El objetivo del PSOE es que se tenga en cuenta la opinión de los municipios directamente afectados por esta infraestructura, en lugar utilizar con total “alevosía” el mes de agosto para avanzar en los trámites administrativos, indican en un comunicado.
Así lo ponía de manifiesto José Manuel Franco Pardo, secretario de Medioambiente del Partido Socialista de Madrid y secretario del grupo en la Asamblea de Madrid, que esta semana se reunió con los portavoces del PSOE de los municipios afectados, así como con diversas organizaciones. En dicha reunión valoraron el anuncio publicado en el Boletín de la Comunidad de Madrid de 30 de julio, en el que se somete a trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa, declaración de impacto ambiental y aprobación del proyecto de ejecución de la nueva línea aérea de transporte a 400kV denominada “Galapagar-Moraleja de En medio, concediéndose un plazo de 30 días para presentar alegaciones a dicho expediente.
Según el responsable socialista, “no es admisible que pretendan instalar una línea de estas características, con lo que eso conlleva en términos medioambietales, y que el periodo de información pública para alegaciones sea el mes de agosto”. Máxime, explica Franco Pardo, cuando dicho proyecto ya fue paralizado hace unos años, por los informes negativos de las organizaciones y expertos en medioambiente, debido a los daños que puede ocasionar el trazado ya que discurre por el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y no hay tiempo suficiente para analizar si hay modificaciones y si se han corregido los efectos negativos mostrados en los informes de años anteriores.
Los socialistas consideran que se trata además de un proyecto planteado “sin contar con la autorización de los municipios directamente afectados y que tendrán que soportar los inconvenientes del mismo”. Por este motivo, el diputado socialista subrayaba: “Creemos que una vez más el Gobierno regional, con la connivencia del Gobierno nacional y de algunos ayuntamientos gobernados por el PP, está anteponiendo los intereses de unos pocos, los más poderosos, y está ignorando la opinión de miles de vecinos que tendrían muchos que decir”.
Desde los todos los grupos municipales socialistas se va a solicitar en sus respectivos ayuntamientos la denegación de la autorización administrativa, ante esta instalación. Desde el PSOE reclaman al Gobierno regional que «intente poner de acuerdo a todos los municipios y, por supuesto, exigimos que sea respetuoso con el medioambiente”.
Redacción.
Foto: hcenergia.com
