El proceso judicial abierto por Alcorcón contra el protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de Madrid sigue abierto

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Así lo ha recordado el Consistorio alcorconero, que pidió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que se supriman las medidas en los escenarios tres y cuatro.

La demanda que el Ayuntamiento de Alcorcón presentó en el juzgado contencioso-administrativo número 19 contra el protocolo para episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno del Ayuntamiento de Madrid, que incluye cierres al tráfico en el centro de la capital ante episodios de alta contaminación, y que entró en vigor el lunes 8 de octubre, continúa abierta en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quien se declaró competente para instruir la causa después de que el juzgado número 19 le remitiera la demanda por entender que era el órgano que debía estudiar la cuestión.

El Ayuntamiento de Alcorcón consideró que los cierres al tráfico previstos podrían vulnerar los derechos de los ciudadanos a circular libremente por el territorio nacional, recogidos en los artículos 19 y 139.2 de la Constitución Española.

El municipio está conectado con la capital a través de la A-5, que cruza la M-40 y desemboca en la M-30, vía afectada por las restricciones al tráfico previstas en dicho protocolo, por lo que su cierre en el peor de los escenarios de alta polución causaría el llamado “efecto frontera”, según el Consistorio, que cree afectaría a las localidades limítrofes «provocando consecuencias económica por sobrecarga de tráfico y colapso circulatorio, entre otras».

Por todo ello el Ayuntamiento de Alcorcón instó a que se suprimiesen las medidas a adoptar en los escenarios 3 y 4 del mencionado plan de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. En ellos se activaría la restricción de circulación a los vehículos más contaminantes a toda la ciudad (en el primero) y cuando el nivel de aviso se mantenga durante cuatro días consecutivos, la limitación se extenderá también a los vehículos con clasificación ambiental B en la M-30 y su interior (en el segundo).

El alcalde, David Pérez, ha señalado además, no se respeta la «lealtad institucional ni la consideración» hacia otros municipios y que no ha habido «ni siquiera un mínimo contacto para al menos adelantar los dispositivos previstos o los protocolos necesarios para poder organizar con antelación las alternativas que garanticen la movilidad de los vecinos».

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