El exalcalde de Villaviciosa de Odón y el concejal de Economía serán juzgados por presuntas irregularidades en bodas civiles

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El primero, José Jover, deberá responder por presunta prevaricación administrativa y falsedad documental.

La causa contra Joaquín Navarro por un presunto delito de falsedad documental seguirá adelante y afecta también a otros exediles del PP, María Ángeles Méndez y David Prieto Giraldes.

La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado los recursos de VOX a los sobreseimientos que decretó el Juzgado número 3 de Móstoles relacionados con algunas de las causas de  bodas civiles en la finca El Monje.

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La causa contra el anterior alcalde de la localidad, José Jover (PP), por dos presuntos delitos de prevaricación administrativa (Art. 404 Código Penal castiga a la autoridad o
funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un
asunto administrativo) relacionado con órdenes a la Policía y caminos vecinales se vuelve a activar tras el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid (AP), que el 7 de octubre acordó estimar el recurso de apelación de VOX Villa y de la Fiscalía, revocando la resolución de sobreseimiento provisional y el archivo de actuaciones emitida el pasado 24 de mayo por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Móstoles.

En este caso la AP, según el auto al que ha tenido acceso Villaviciosadigital.es  sí cree que podrían ser constitutivas de prevaricación administrativa las órdenes impartidas por el regidor a la concejala de Seguridad, María Martín Revuelta, y al suboficial jefe de la Policía Local el 1 de agosto de 2017 en las que se les ordenaba que no acudieran a la finca El Monje, salvo denuncia vecinal, y que no formularan denuncia salvo un parte de servicio.

El mismo tipo de delito considera que podría darse en relación el cambio de titularidad de diversos caminos que transcurren por la parcela en que se hallan ubicadas las fincas a fin de adquirir la titularidad catastral que figuraban como del Ayuntamiento, que concluyó el 14 de diciembre de 2015 con una resolución que estimaba el cambio de titularidad. «Aquí de lo que se trataría es de una actuación del alcalde por omisión al no firmar dos informes que deberían incorporarse al expediente con la finalidad de oponerse al cambio de titularidad catastral».

El auto también aprecia el recurso de VOX en relación a un presunto delito de desobediencia por parte de la empresa que organizaba las bodas en esa finca, Pescaderías Coruñesas S.L, «al haberse negado a acatar una resolución de cese de actividad
debidamente notificada» por el Consistorio.

Falsedad documental

De la misma manera, la AP en auto de 11 de julio acordó estimar el recurso de apelación VOX Villa, revocando la resolución de 20 de noviembre de 2018 del Juzgado Nº 3 de Móstoles en el que sobreseía la causa por un presunto delito de falsedad documental contra José Jover y tres de sus ediles en el equipo de Gobierno, Joaquín Navarro Calero (actualmente al frente de cinco concejalías), María Angeles Méndez Díaz y David Prieto Giraldes.

VOX y la Fiscalía explicaron en su recurso que en las actas matrimoniales de las bodas civiles que oficiaron los investigados sí revisten relevancia penal por cuanto, según afirman, se hacía constar en ellas, como lugar de celebración, el Salón de Plenos del Ayuntamiento o bien la Casa-Palacio de Manuel Godoy, cuando dichos matrimonios se venían celebrando en la finca El Monje o en la finca La Albada.

De esta manera la AP ha explicado que no se trataba de una “falsedad inocua” como consideraba la juez del Juzgado Nº3 de Móstoles, sino una “falsedad documental” como defendían VOX Villa y la Fiscalía. Cree que «la alteración que se realiza se proyecta en la función probatoria del documento en lo que se refiere a la prueba del lugar donde efectivamente se celebró el matrimonio».

Ahora con estas resoluciones de la Audiencia Provincial, el Juzgado Nº 3 de Móstoles deberá continuar con el proceso por los presuntos delitos mencionados y que afectan a José Jover, Joaquín Navarro, María Angeles Méndez Díaz y David Prieto Giraldes.

Procesos judiciales

Estos procedimientos judiciales, junto con algunos otros, fueron iniciados el 15 de septiembre de 2017 por VOX Villa, quien denunció ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Móstoles, una serie de hechos que consideraba «graves», según han explicado en una nota, con el objeto de que se investigara si el entonces alcalde de Villaviciosa de Odón, José Jover, estaba incurriendo, o no, en algún tipo de delito o irregularidad.

El 24 de mayo de 2018, la Fiscalía notificó que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de varios delitos y presentó ante el Juzgado de Móstoles la correspondiente querella, tanto contra Jover (prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, contra la ordenación del territorio, desobediencia grave a la autoridad y falsedad en documento público) y cinco concejales (tres de su equipo de Gobierno) por desobediencia grave a la autoridad y falsedad en documento público. VOX Villa «ante la gravedad de los hechos» decidió también ejercer la acción penal popular e interponer a su vez una querella en los mismos términos.

Posteriormente, el Juzgado de Instrucción número 3 de Móstoles decretó el 20 de noviembre el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones contra María Mercedes Castañeda Abad (PSOE); José Joaquín Navarro Calero (PP), Miguel Ángel Sáinz Santos (Ciudadanos), María Ángeles Méndez Díaz (PP) y David Prieto Giraldes (PP). VOX Villa recurrió a la Audiencia Provincial el fallo sólo en lo relativo a los concejales populares.

ARC

 

 

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