A diferencia de los anteriores Gobierno del PP, el de Cristina Cifuentes ha anunciado este martes que «desiste del actual proyecto de Ciudad de la Justicia ante la incertidumbre temporal sobre la resolución de los contratos adjudicados y que han sido recurridos en sede judicial».
Esta decisión costará a la Comunidad de Madrid cerca de millón y medios de euros.
La Dirección General de Justicia y Seguridad ha decidido el desistimiento del contrato de concesión de obra pública de este proyecto al haberse licitado cuando todavía no estaba resuelto, al menos, un contrato previo.
Según ha explicado el consejero de Justicia, Ángel Garrido, esta decisión no supone la renuncia a concentrar las sedes judiciales de la región de Madrid por parte del Gobierno de la Comunidad, sino que van a buscar «el mayor consenso posible con jueces y magistrados, colegios de abogados y procuradores y el resto de colectivos implicados», algo que en su día «fue defendida tanto por los profesionales de la Justicia como por los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid».
Esas sedes judiciales que se concentren seguirán en la ubicación de los terrenos de Valdebebas con el objetivo de aprovechar algunas instalaciones ya existentes, lo que hará que se gane en eficiencia y facilite los trámites relacionados con la Administración de la Justicia a los ciudadanos. Salvo Podemos, el resto de formaciones políticas están a favor de este planteamiento.
Esta decisión implicará que se indemnizará a los licitadores por los gastos en que hubieran incurrido, siempre que se justifiquen según lo establecido en el pliego de contratación, lo que supondrá un desembolso por parte de la Comunidad de Madrid cercano al millón y medio de euros.
Hay que recordar que la tramitación del expediente de contratación de la ejecución de obra pública de la denominada Ciudad de la Justicia se inició el pasado 5 de febrero, en base a un proyecto presentado a finales de 2014, muy distinto del primero que se ideó en 2005 y que fue descartado por la crisis.
El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ordenó la paralización de la contratación por el recurso interpuesto por Corsán-Corviam, al considerar que la contratación tenía por objeto una obra que ya se le había adjudicado a la empresa en junio de 2007. En cumplimiento de esta resolución, el pasado 10 de julio, el Gobierno de la Comunidad de Madrid suspendió la tramitación de la adjudicación del contrato.
El Ejecutivo madrileño ha tratado de resolver esta situación desde entonces. Ahora la Dirección General de Justicia y Seguridad entiende que se dan las circunstancias para proceder al desestimiento de la adjudicación.
