Considera que los centros y su personal necesitan adaptarse a las nuevas necesidades estructurales y de carga de trabajo.
Después de unos meses en los que se han producido varios incidentes en residencias de ancianos de la región como en Alcorcón o en Arganda, y de que las quejas recibidas en el último año trasladan una pérdida de calidad en la atención a los mayores y escasez de personal y medios para ofrecer una atención adecuada, el Defensor del Pueblo se ha dirigido a la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid para interesarse por las medidas previstas para mejorar las condiciones de atención.
En opinión de la institución, la edad de la población y la aplicación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, obligan a atender en los recursos residenciales existentes a un colectivo que requiere cada día más apoyos y cuidados.
En la actualidad, la institución mantiene abiertas varias actuaciones motivadas por reclamaciones de usuarios y/o trabajadores de distintas residencias públicas dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS).
El Defensor del Pueblo ha transmitido también a la Consejería madrileña su preocupación por los graves sucesos acaecidos en los últimos meses en distintas residencias de la comunidad.
