En un auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Móstoles, en relación a un presunto delito de prevaricación administrativa por la finca ‘La Albada’.
Según un comunicado del Ayuntamiento, el juzgado ha sobreseído el procedimiento frente al alcalde en funciones, José Jover (PP), por un delito de prevaricación administrativa en relación a la sociedad propietaria de la finca objeto del proceso, Pescaderías Coruñesas S.L.
El pasado 24 de mayo de 2019 el Juzgado de Instrucción nº 3 de Móstoles dictó un «extenso y minucioso» auto en el que resolvía esa causa instada por la por la Fiscalía ante una denuncia de VOX en contra del regidor, ha señalado el regidor en funciones, quién señaló en rueda de prensa en julio de 2018 que la querella “no tiene ni pies ni cabeza».
Jover ha calificado de «largo y riguroso» el periodo de instrucción, y ha explicado que la juez «ha concluido que no ha quedado acreditada la perpetración del delito de prevaricación del que se me acusaba a través de las querellas interpuestas tanto por la Fiscalía como por el partido político VOX».
El alcalde ha recordado que esta resolución «se une al dictado hace seis meses por el mismo Juzgado de Instrucción nº 3 de Móstoles, resolución judicial que también declaró el sobreseimiento del procedimiento, en virtud de la querella presentada por la Fiscalía y el partido político VOX frente a mí y tres de mis concejales del Equipo de Gobierno, por un delito de falsedad documental».
El pasado año la Fiscalía de Móstoles se querelló contra Jover y cinco ediles por delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, contra la ordenación del territorio, desobediencia grave a la autoridad y falsedad en documento público, estos últimos son los que afectaban inicialmente a los concejales, aunque finalmente en noviembre de 2018 el juzgado mostoleño descartó que estos últimos cometieran falsedad en documento público al oficiar bodas civiles en la mencionada finca en lugar del Salón de Plenos o la Casa Palacio Manuel Godoy, que son los que establece a tal fin el Consistorio.
Ahora, tras este auto de mayo, que es susceptible de recurso, queda por resolver las acusaciones contra el alcalde en funciones por los presuntos delitos de prevaricación urbanística, contra la ordenación del territorio, desobediencia grave a la autoridad.
