El alcalde de Móstoles exige OHL, adjudicataria de las obras del tren a Navalcarnero que «no deje abierta en canal a la ciudad», tras la decisión de esta empresa de resolver el contrato, adjudicado en octubre de 2007 por el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid.
Además, exige al Gobierno regional «contundencia» con OHL para que reanudación las obras del tren.
Lucas anunció que los servicios jurídicos del Ayuntamiento estudiarán las posibilidades que tiene el Consistorio de acudir a la vía jurídica «para intentar solventar este desaguisado que no vamos a permitir bajo ningún concepto en la ciudad de Móstoles».
El regidor señaló que no pueden tener la sensación de que «no se ha hecho todo lo posible por intentar evitar este desastre», que desde hace ya muchísimo tiempo vienen denunciando.
Tras reiteradas denuncias por parte de Lucas, ahora incrementa las reclamaciones del Consistorio, sobre todo, tras lo acontecido a lo largo de los dos últimos meses, en que se han cerrado las salidas de los túneles de los trenes.
Lucas recordó que desde hace cinco años «hemos venido reiterando que había que exigir jurídicamente a la empresa el cumplimiento del contrato, el cumplimiento de la concesión administrativa y, si no, entrar en el proceso de recisión del mismo». Así se lo hizo saber, hace algunos días, al Consejero de Transporte de la Comunidad Madrid, Pedro Rollán, con quien se reunió para desbloquear la paralización de la obra y en la que solicitó «que se analizaran jurídicamente cuáles son las medidas que se debían adoptar por parte de la Comunidad de Madrid para exigir (a OHL) el cumplimiento del contrato».
Por todo ello «es incomprensible», se lamentó Lucas, «que esto esté pasando después de tantas denuncias que venimos realizando desde hace tantos años, desde que se pararon las obras, sepultando bajo tierra 140 millones de euros».
Hay que recordar que en febrero del año 2008 la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y el entonces alcalde de Móstoles, Esteban Parro, inauguraron las obras, que se finalizarían en un plazo de 28 meses. Estas se paralizaron en enero de 2010. El presupuesto ascendía a 362 millones de euros, de los cuales se han gastado ya 140 millones de euros.
