Confusión, reproches y exclusiones, así han sido las primeras horas de la obligatoriedad de empresas en registrar la jornada laboral

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Pese a que desde el día 12 de mayo entró en vigor el decreto del Gobierno que regula esa obligación, muchos empresarios han mostrado su desconocimiento a cómo ponerlo en marcha, lo que ha llevado a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, a reprocharles que han tenido dos meses de plazo para ponerlo en marcha.

En España 735.000 asalariados declaran haber hecho horas extra la última semana pero sólo se las retribuyen a 389.000.

Ya está en vigor el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo (lo que cambia es un apartado del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores) del Gobierno que establece la obligación de las empresas de registrar la jornada de sus empleados. Tras dos meses de plazo para que los empresarios y sindicatos establecieran los mecanismos, ahora es obligatorio. Quienes no lo hagan podrían ser sancionado con multas de hasta 6.250 euros. Sólo están exentos de aplicar esta norma los directivos, los autónomos, los transportistas, los trabajadores con contrato temporal a tiempo parcial, para los que ya existe una obligación específica, los de la marina mercante ni los que realizan servicios de interoperabilidad transfronteriza en el transporte ferroviario.

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El decreto no especifica con qué sistemas deben controlar las jornadas de los empleados. Algunas lo hacían ya mediante tarjetas con las que se ficha a la entrada y salida, otras mediante lectura de huella dactilar, o aplicaciones móviles o mediante programas informáticos, auque otras muchas no saben cómo llevarlo a término y hacen listados o cuadrantes que no tienen validez según la norma que determina que debe haber una negociación entre el empresario y los comités de empresa sindical para pactar el sistema.

Ante ese cierto caos, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, criticó este lunes la postura de muchas empresas por no tomarse «en serio» la aplicación real del decreto apuntando a que han tenido dos meses de plazo para decidir cómo aplicarían esos controles. No obstante, aseguró que la Inspección de Trabajo dará «un margen de maniobra» antes de sancionar siempre que estén al menos negociándose medidas para aplicar la norma.

El registro diario de jornada «deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora”, señala el decreto, que apunta a que debe hacerse “sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo”. Los datos deben permanecer almacenados en las empresas durante cuatro años y el empresario debe facilitarla obligatoriamente cuando la pidan los sindicatos, la Inspección o el propio empleado.

El objetivo de esta norma es «contribuir a corregir la situación de precariedad, bajos salarios y pobreza que afecta a muchos de los trabajadores que sufren los abusos en su jornada laboral», aclara el decreto.

Pese a que la norma entró en vigor este pasado domingo, el Gobierno no publicó hasta ayer una guía para ponerlo en marcha que se puede descargar en este enlace, aunque tampoco es muy precisa en cuanto a los sistemas para el control.

 

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