Cifuentes no convence sobre su máster «real y legal», el PSOE impulsa una moción de censura y el caso llega a la Fiscalía

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Cristina Cifuentes durante su comparecencia. (Imagen: Telemadrid).

La presidenta regional, que se remite a la investigación de la universidad, compareció este miércoles en el Pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid donde defendió que el título de su máster «es perfectamente real y legal» y presentó algunos documentos, algo que no ha convencido a los grupos de la oposición.

PSOE y Podemos unirán sus fuerzas en la moción de censura que presentarán este jueves los socialistas, mientras que Ciudadanos, formación necesaria para sacarla adelante, apuesta primero por la creación de una comisión de investigación.

Cristina Cifuentes, también aseguró que su título de máster en Derecho autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) no ha sido falseado, lo mismo que su currículum y calificaciones. Apuntó a que todo el revuelo que ha provocado la presunta irregularidad en la obtención de su máster es un «plan B» para desestabilizar a su Gobierno, después de que fracasara la primera «iniciativa de desprestigio», en alusión a que el exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, la implicó en la presunta financiación irregular de los populares.

La presidenta reiteró que ha «se ha demostrado que mi trayectoria y gestión se resume en algo que les molesta: la actitud de tolerancia cero contra la corrupción venga de dónde venga, afecte a quién afecte». Mostró varios documentos con sellos de la URJC; el certificado académico con las notas de las 12 asignaturas y del trabajo de fin de máster, en el que obtuvo un 7,5; otro sobre la expedición del título, y otro anterior de la matrícula del, abonada el 28 de diciembre de 2011.

Incidió en que las calificaciones que figuraban inicialmente en su expediente como ‘no presentado en dos asignaturas’, fue un «error de transcripción», algo que explicó con otro una carta del profesor Pablo Chico al rector, Javier Ramos, admitiéndolo.

En relación al examen de fin de máster, defendió que lo hizo el día 2 de julio en el campus de Vicálvaro, algo que figura en el acta de la URJC. En este sentido El Confidencial.com afirma en una noticia de este jueves que el tribunal de ese examen nunca existió y que las tres profesoras que supuestamente lo componían, nunca examinaron a Cifuentes.

La presidenta regional, que ha recibido el apoyo de su partido, anunció que ya ha interpuesto la querella criminal contra los periodistas de Eldiario.es que sacaron a la luz las presuntas irregularidades sobre su máster y que ha solicitado un acto de conciliación «previo a la presentación de otra querella añadida por delitos contra el honor».

Moción de censura, comisión y Fiscalía

Las explicaciones de Cifuentes no convencieron a Ciudadanos, Podemos ni a PSOE. Este último partido ha anunciado que presentará una moción de censura que implicará la presentación de Ángel Gabilondo como presidente alternativo para la Comunidad de Madrid.

La formación morada pidió la dimisión de la presidenta regional, y su portavoz , Lorena Ruiz-Huerta señaló: «Claro que su máster es legal y oficial, lo que pasa es que se ha obtenido fraudulentamente», y han anunciado que van a apoyar la moción de censura.

Por su parte, desde Ciudadanos, Ignacio Aguado, indicó a Cifuentes que el tiempo del PP, «el de la impunidad» se acaba, pero no se postularon ayer acerca de qué harán en caso de una moción de censura contra una presidenta a la que, hay que recordar que auparon al Gobierno regional mediante un acuerdo de investidura. Lo que sí hizo es pedir que antes se abra una comisión de investigación parlamentaria, algo que también comparte el líder nacional de C’s Albert Rivera, que sí afirmó en Onda Cero que no se puede echar a una presidenta «sólo por las investigaciones periodísticas» y que no van a apoyar una moción de censura.

Mientras, la Fiscalía General del Estado está estudiando si puede haber causa penal tras la  denuncia presentada por asociaciones de estudiantes que reclaman que se indague si pudo producirse un delito de falsedad en documento público y un delito de cohecho.

 

 

 

 

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