Cáritas denuncia la vulneración del derecho a la vivienda en el suroeste de la Comunidad de Madrid

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Un 93,4% de los hogares que atienden se encuentran en régimen de alquiler, la mayor parte de las personas en habitaciones alquiladas.

Según un estudio de Cáritas Española que ha enviado a Naciones Unidas, más de 700.000 personas acompañadas por esta institución, residen en hogares que no disponen de dinero para pagar la vivienda ni los suministros; de hecho una de cada cuatro familias (24%) puede verse obligada a tener que abandonar su vivienda, ya sea por desahucio o por tener que buscar una vivienda con costes aún más reducidos. Esta situación se ha agravado con la crisis por la pandemia de la COVID-19.

Desde Cáritas han recalcado que «la vivienda es uno de los principales derechos humanos recogido en nuestra Constitución», y en el informe muestra cómo este está siendo vulnerado al encontrarnos ante una posible emergencia habitacional».

En la Diócesis de Getafe a la que pertenecen municipios como Móstoles, Alcorcón o Villaviciosa de Odón (donde más de 1.000 personas reclaman vivienda pública), este derecho también está siendo «violado en el sur de la Comunidad de Madrid». Para el estudio han tomado «una muestra de familias que han demandado ayudas a la vivienda». Mientras a nivel nacional se muestra como un 66% de los hogares acompañados por Cáritas, vive en régimen de alquiler, en el sur de la región se ha elevado este porcentaje hasta el 93,4%, la mayor parte de las personas en situación de subarriendo (habitaciones alquiladas). Consideran que es «un dato alarmante», ya que, según el Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2019, para el conjunto del país el alquiler supone poco más del 17 por ciento del total de hogares; de estas familias que se han analizado, en el 64,5% de los casos hay menores o personas con discapacidad a su cargo.

En las parroquias diocesanas getafenses han destinado el 46,34% a ayudas entorno a la vivienda y superado ya el importe invertido en 2019; el 93,98% de los gastos han sido para el pago del alquiler o de la hipoteca. La mayoría de casos atendidos, un 90 por ciento de los hogares en situación de exclusión residencial de la muestra seleccionada, son en poblaciones de más de 100.000 habitantes. Son casas mayoritariamente con subarriendos, «en los que se encuentras varias familias hacinadas en espacios muy pequeños y en los que, por tanto, aumenta el riesgo de contagio».

El impacto en los ingresos 

Según el informe de Cáritas Española, a nivel nacional, el descenso de los ingresos en los hogares acompañados por la organización ha sido de tal magnitud, que ha provocado que tres de cada diez hogares no perciban ni un solo euro.

En la muestra analizada por Cáritas Diocesana de Getafe, el 64,5% de los hogares en situación de exclusión residencial no dispone de ningún ingreso económico. Solo el 19,35% proceden de Pensiones Mínimas o Prestaciones Sociales (Renta Mínima de Inserción, desempleo, pensión no contributiva); y el 16,12% viene de un salario laboral.

A nivel nacional, este hecho ha mostrado que un 50,2%, de las familias atendidas, hayan tenido que reducir los gastos de alimentación y en consecuencia no llevar una dieta adecuada. Se ha llegado al extremo de que un 20,2% ha dejado de comprar los medicamentos que necesita.

Ante esta crisis, Cáritas Diocesana de Getafe puso en marcha un servicio de información y asesoría jurídica en todas las temáticas relativas a situaciones de las personas que acompaña. En solo en los dos meses, el 80% de las solicitudes han sido de temas relacionados con la vivienda, tales como desahucios, contratos de alquiler, expulsión de subarriendos o impagos en suministros, entre otros.

El director de Cáritas Diocesana de Getafe, Enrique Carrero, hace un «llamamiento a la población y a los poderes públicos, para que se ponga en marcha una estrategia nacional y regional de la vivienda, con políticas públicas en materia de alquiler y un parque de vivienda social que faciliten el acceso a este derecho fundamental a la población en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social. Esto se ha vuelto aún más urgente ante una situación de pandemia como la que estamos viviendo con el coronavirus.

 

 

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