Anulan la orden de la Comunidad de Madrid que prohíbe fumar en la calle sin distancia de seguridad

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Un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Madrid anula la orden de la Consejería de Sanidad que entró en vigor la medianoche del pasado jueves y que también prohibía comer en el transporte público o el cierre del ocio nocturno, entre otras medidas para luchar contra los brotes de la COVID-19.

El auto de 20 de agosto al que ha tenido acceso Villaviciosadigital hace referencia a la orden del Ministerio de Sanidad por la que se acordaron 11 medidas contra la COVID-19 aprobadas de forma unánime la pasada semana en el Consejo Interterritorial de Salud y que no ha sido publicada previamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) «cuando, como es sabido, las normas y disposiciones generales tienen que ser publicadas para que sean de obligado cumplimiento para todos», aclara la resolución. En este sentido recuerda que «la publicación es el acto por el cual la norma jurídica aprobada y sancionada se da a conocer a quienes deben cumplirla por medio del correspondiente diario oficial. Y, desde ese momento empieza su vigencia. Es decir, se trata de un proceso sucesivo y sincrónico para fijar la fecha de iniciación de la vigencia de la norma que, de no establecerse expresamente, es de veinte días desde la inserción en el periódico oficial».

Por lo tanto, «esta orden “comunicada” del ministro de Sanidad al Gobierno regional y sobre la que se basa la orden de la Consejería de Sanidad, no ha ganado eficacia y vigencia por no haberse publicado, con la consecuencia trascendental de ser nula de pleno derecho y que, además, no podría ser convalidada», explica el magistrado del juzgado.

Además, la resolución señala que un Ejecutivo autonómico no puede limitar los derechos fundamentales si no se declara previamente el estado de alarma, por lo que suspende la aplicación de la orden autonómica al no haber sido ratificada. «Los derechos fundamentales no son ilimitados, pueden modularse cumpliendo los requisitos legales para ello y, aunque puedan justificarse determinadas decisiones desde el prisma de criterios no jurídicos, supuestos como el que se somete a nuestra consideración en el análisis de la orden, no adquieren la categoría de limitación y afectación de los derechos fundamentales, y, en el caso hipotético de que lo fueran, por lo dicho más arriba, no podrían ser limitados por medio de una disposición administrativa como es la de la Consejería de Sanidad».

La Comunidad de Madrid podrá presentar recurso en los próximos 15 días contra este auto.

 

 

 

 

 

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